El alcalde y el Estado de Derecho.

Un par de semanas atrás, en una medida que puede ser razonable, pero también discutible, el alcalde de Providencia, Cristián Labbé, ordenó el término del año escolar en un par de establecimientos educacionales de Providencia, como asimismo deslizó ciertas afirmaciones en torno a la población escolar de otras comunas de la capital que son beneficiarios de la educación de los liceos en conflicto, en el entendido que hacia el futuro, el factor geográfico ha de ser relevante a la hora de decidir la matrícula de forasteros en establecimientos de su comuna.

Sin embargo, lo que es digno de comentario son las razones que el señor alcalde utiliza para justificar su decisión y nada mejor que, para revestir de autoridad sus medidas, acuda a la figura del Estado de Derecho. Señaló que “el que está con la ley está conmigo, los cabros no están con la ley y hay que decirlo con todas sus letras (…) reconozcamos que se ha perdido el estado de derecho” y agregó que “la Municipalidad de Providencia actuó, porque hay una violación al Estado de Derecho… o la paramos o nos van a pillar confesados”.

Tratándose de las opiniones de Cristián Labbé, es necesario hacer un par de precisiones, porque la utilización errónea de las categorías políticas no sólo puede conducir a la confusión de los ciudadanos sino que a naturalizar una institucionalidad que ya no existe, porque fue superada hace 200 años.

Lo anterior, porque de las palabras de Labbé se desprende una suerte de personalización del Estado de Derecho en él, al identificar la correcta interpretación de la ley con la que realiza él mismo (el que está con la ley está conmigo). Y ese postulado, aunque venga de alguien que está legitimado democráticamente es propio de los regímenes de naturaleza autocrática; ¿no nos recuerda acaso el famoso L'État, c'est moi de Luis XIV? Lo que está haciendo el alcalde es vestir con ropajes normativos lo que son sus personales convicciones políticas.

Al mismo tiempo, es necesario agregar que la argumentación del alcalde restringe la concepción del Estado de Derecho al respeto al principio de legalidad o respeto de las leyes. En ello no le falta razón, pero es insuficiente. Porque el Estado de Derecho es legalidad, pero también respeto y promoción de los derechos fundamentales, legitimidad democrática y legalidad de la Administración, elementos todos que son reflejo de una reacción al ejercicio despótico del poder político. Y en el fondo, las movilizaciones de los estudiantes de estos meses no son sino una reacción frente a las insuficiencias de un Estado de Derecho, más formal que material, porque han puesto frente a la ciudadanía las tremendas carencias en la protección de los derechos sociales que existe en nuestro país.

La pregunta es por qué los estudiantes utilizan esos mecanismos, que es evidente que se trata de vías de hecho. Una aproximación en la respuesta podría ser el hecho que no ha habido otra medida para hacer escuchar sus demandas. Y en esta materia, no es responsable Labbé, al que curiosamente los indicadores le favorecen, sino que ha sido la indolencia e indiferencia del Estado y la complicidad de todos nosotros, que hemos sido partícipes de la construcción de un modelo educacional de calidad discutible y que ha favorecido la segregación social, que no se conforma con ser geográfica y de acceso a servicios, sino que en un área que es clave para el desarrollo humano de nuestro país. Y en esta materia existe un desafío enorme que ya es tiempo que se enfrente con seriedad y audacia.