En las sombras del miedo siempre hay sombras más oscuras, como boquerones de noches antiguas, que se te clavan en la garganta con tal furia que no puedes gritar. Y te desgarran el alma mientras intentas huir por las huellas del silencio. Pero el silencio es cómplice de las sombras y por entre sus pliegues se mueven los torturadores, escondidos como se esconden los cobardes, agazapados como se agazapan los cobardes, vestidos de oficial del ejército de Chile, como Miguel Krassnoff, torturador y asesino. De la DINA, policía secreta de la dictadura fue el coronel Krassnoff, al igual que Cristián Labbé, alcalde de la comuna de Providencia en Santiago, quien le rinde homenaje en el lanzamiento del libro denominado "Miguel Krassnoff, prisionero por servir a Chile”. Así, a casi cuatro décadas del golpe militar, Labbé, quien sin vergüenza alguna se ha autoproclamado como el adalid y símbolo del Estado de Derecho en nuestro país, honra a un asesino por servicios a la Patria. En la perversa lógica de Labbé y de todos aquellos que participan del homenaje, a Chile se le sirve torturando, asesinando, violando y haciendo desaparecer a miles de chilenos y chilenos. Es el Mundo al revés: los supuestos defensores del Estado de Derecho derrocaron al gobierno legítimo de Salvador Allende, instauraron una dictadura terrorista y violaron sistemáticamente los derechos humanos. Ahora, vuelven a invocar las sombras del miedo para procurar reescribir una historia que ya está narrada con angustia y dolor, pero con inconmensurable coraje, por las víctimas de la represión.
Y fueron muchas las víctimas de Krassnoff en los Centros de Detención y Exterminio de Londres 38, Villa Grimaldi, José Domingo Cañas y Simón Bolívar y, por lo mismo, ha sido condenado a más de 140 años de cárcel por reiterados secuestros y desapariciones. Los horrores experimentados por los prisioneros fueron producto de la acción de Krassnoff y de otros como él que se solazaron con el sufrimiento de personas inermes hasta lo indecible. No importaba si eran jóvenes o ancianos, niños o mujeres embarazadas. Un sobreviviente de Villa Grimaldi relata que lo golpearon “brutalmente haciendo uso de puños, pies y un objeto contundente durante varios minutos delante de mi madre y de mi esposa. Mi madre fue llevada aparte y la golpiza continuó sobre mi esposa. Ofuscado por nuestro silencio...ordenó "¡A la parrilla!"...me sacaron a un patio donde me dejaron tendido mientras me hacían escuchar los gritos de mi compañera que torturaban en una pieza aledaña. Tras una media hora de mantenerme escuchando los tormentos de mi esposa, durante los cuales me intimaban para evitarle sufrimientos… me desnudaron a la fuerza, me introdujeron en una pieza con catres metálicos de dos pisos, me amarraron a uno de ellos, me conectaron cables y electrodos hechos con ganchos y llaves metálicas a los pies, las manos, narices, ojos, encías, ano, pene y testículos, y comenzaron a aplicar descargas eléctricas producidas por un dínamo a manivela…”
A mí no me torturó Krassnoff, pero sí otros como él, por lo que conozco de los mismos silencios y de las mismas sombras, de los mismos gritos y de la inmensa soledad de estar desnudo, vendado y amarrado frente a frente con nadie. Porque se esconden en las fisuras de las sombras para golpearte o aplicar electricidad, pues no tienen la valentía de mirarte a los ojos. No es por vergüenza, sino por cobardía, no es por remordimiento, sino por pusilanimidad que escabullen la mirada y se ocultan tras el metal de sus fusiles. Y así, golpe tras golpe, grito tras grito, desmayo tras desmayo, lágrima tras lágrima, se construye la eternidad de la tortura. Pero no creas que tengo pesadillas contigo, no te creas tan importante. No, al contrario, sabemos que al recordar lo sucedido, gradualmente vamos reconstituyendo la memoria nuestra y de todos aquellos que no sobrevivieron. Este sí que es un homenaje a los que realmente sirvieron a Chile con su sacrifico, tal vez parte de una guerrilla de la memoria contra la guerra del silencio y la mentira impuesta por la dictadura. y que hoy tratan de reeditar los nostálgicos del horror.
En las sombras del miedo siempre hay sombras más oscuras, pero no creas que tengo pesadillas contigo, porque estoy seguro que el día que mueras se te aparecerán todos los torturados de Chile para simplemente mirarte por primera vez sin vendas, sin capuchas, simplemente mirarte. Y se te aparecerán todos los desaparecidos de Chile para decirte en oceánica voz que jamás habrá perdón ni olvido, y en ese feroz instante sabrás lo que nosotros vivimos, pero sin necesidad de siquiera rozarte un momento.
Tito Tricot
Sociólogo
Director
Centro de Estudios de América Latina y el Caribe-CEALC
Chile
noviembre 20, 2011
noviembre 15, 2011
Apertura a los signos de los tiempos
Mucho se ha escrito estos días sobre la razonabilidad de los movimientos sociales que en estos momentos han puesto en entredicho al gobierno y su nueva forma de gobernar.
Al respecto me permito un par de reflexiones.
Lo primero es que nos encontramos ante un movimiento de carácter ciudadano y esencialmente pacífico. A pesar de las notas de TV y de prensa escrita que centran el discurso en los desórdenes al orden público, estos son provocados por una ínfima minoría, que debería estar perfectamente identificada y que, con eficaces políticas preventivas de los expertos (las policías), esto perfectamente puede ser controlado, pues no es función de los que se manifiestan mantener el control efectivo del orden público. Y, si estos se producen, la responsabilidad es de quien no tuvo la capacidad de responder preventivamente, es decir, policía y Gobierno.
Lo segundo y de más calado. Así como lo que hoy convoca a los estudiantes es el derecho a la educación, no me extrañaría que también fuese el derecho a la protección de la salud, un estatuto correcto de los derechos de los trabajadores, las AFP o las ISAPRES, en fin los tan mentados derechos sociales. Y qué tienen en común todos estos derechos como agentes potenciales de conflictos, pues todos ellos han sido desconocidos, sistemáticamente desde 30 años a esta parte por la institucionalidad republicana. A lo más, se les ha concedido el estatuto de expectativas nobles y deseables, pero expectativas al fin y al cabo. Por qué, porque se trata de derechos que suponen un costo, en este caso para el Fisco.
¿Y esta cosmovisión para los derechos sociales es neutra ideológicamente? Su pretensión es esa, que la realidad, en palabras de HAYEK, sólo puede ser interpretada como un orden espontáneo (catalaxia), en que todo está sujeto a las leyes de mercado. Pero esta premisa, que es un postulado teórico, obedece a una ideología: el liberalismo del siglo XIX (o neoliberalismo, como actualización de los postulados decimonónicos). El corazón de esta propuesta descansa en un rol para el Estado a partir de su interpretación de la realidad: separación entre Sociedad y Estado, por tanto, rol de abstención de este último en gran parte de las esferas sociales.
Y para finalizar, el profundo descontento, representado hoy en las movilizaciones sobre la educación, no son sino expresión de un malestar que recorre años: la desconfianza sobre un modelo, de rasgos conservadores y autoritarios, que se impuso en Chile mediante una Carta otorgada y en ningún caso deliberada. El corazón de un sistema democrático descansa en que la soberanía radica en la comunidad y es ésta, la que mediante la deliberación determina los pilares que han de fundar su porvenir. Ese trabajo, en 30 años no se ha hecho. Hemos heredado un sistema que debe ser matizado en su radicalidad, pero las permanentes trabas normativas e institucionales, junto al acomodo de la anterior coalición gubernamental, han impedido el tránsito a estadios verdaderamente representativos. Y, como es sabido por todos, cuando se produce la desconexión norma – realidad, serán las fuerzas sociales quienes nos recuerdan quién es el legítimo soberano. Y para eso, todos debemos poner de nuestra parte.
Sin embargo, veo en el actual gobierno no falta de ideas (que las tiene y muy radicales), sino una falta de sinceridad para explicitar su cosmovisión, que está latente en sus propuestas, pero que es consciente que no son del agrado de la comunidad política. Y frente a ello, no se trata de destruirla, sino que deliberar con ella, pero también con otras.
Por tanto, la crisis de hoy, ¡al fin!, es una crisis de una institucionalidad ilegítima que se ha cerrado sistemáticamente a auscultar los signos de los tiempos.
Al respecto me permito un par de reflexiones.
Lo primero es que nos encontramos ante un movimiento de carácter ciudadano y esencialmente pacífico. A pesar de las notas de TV y de prensa escrita que centran el discurso en los desórdenes al orden público, estos son provocados por una ínfima minoría, que debería estar perfectamente identificada y que, con eficaces políticas preventivas de los expertos (las policías), esto perfectamente puede ser controlado, pues no es función de los que se manifiestan mantener el control efectivo del orden público. Y, si estos se producen, la responsabilidad es de quien no tuvo la capacidad de responder preventivamente, es decir, policía y Gobierno.
Lo segundo y de más calado. Así como lo que hoy convoca a los estudiantes es el derecho a la educación, no me extrañaría que también fuese el derecho a la protección de la salud, un estatuto correcto de los derechos de los trabajadores, las AFP o las ISAPRES, en fin los tan mentados derechos sociales. Y qué tienen en común todos estos derechos como agentes potenciales de conflictos, pues todos ellos han sido desconocidos, sistemáticamente desde 30 años a esta parte por la institucionalidad republicana. A lo más, se les ha concedido el estatuto de expectativas nobles y deseables, pero expectativas al fin y al cabo. Por qué, porque se trata de derechos que suponen un costo, en este caso para el Fisco.
¿Y esta cosmovisión para los derechos sociales es neutra ideológicamente? Su pretensión es esa, que la realidad, en palabras de HAYEK, sólo puede ser interpretada como un orden espontáneo (catalaxia), en que todo está sujeto a las leyes de mercado. Pero esta premisa, que es un postulado teórico, obedece a una ideología: el liberalismo del siglo XIX (o neoliberalismo, como actualización de los postulados decimonónicos). El corazón de esta propuesta descansa en un rol para el Estado a partir de su interpretación de la realidad: separación entre Sociedad y Estado, por tanto, rol de abstención de este último en gran parte de las esferas sociales.
Y para finalizar, el profundo descontento, representado hoy en las movilizaciones sobre la educación, no son sino expresión de un malestar que recorre años: la desconfianza sobre un modelo, de rasgos conservadores y autoritarios, que se impuso en Chile mediante una Carta otorgada y en ningún caso deliberada. El corazón de un sistema democrático descansa en que la soberanía radica en la comunidad y es ésta, la que mediante la deliberación determina los pilares que han de fundar su porvenir. Ese trabajo, en 30 años no se ha hecho. Hemos heredado un sistema que debe ser matizado en su radicalidad, pero las permanentes trabas normativas e institucionales, junto al acomodo de la anterior coalición gubernamental, han impedido el tránsito a estadios verdaderamente representativos. Y, como es sabido por todos, cuando se produce la desconexión norma – realidad, serán las fuerzas sociales quienes nos recuerdan quién es el legítimo soberano. Y para eso, todos debemos poner de nuestra parte.
Sin embargo, veo en el actual gobierno no falta de ideas (que las tiene y muy radicales), sino una falta de sinceridad para explicitar su cosmovisión, que está latente en sus propuestas, pero que es consciente que no son del agrado de la comunidad política. Y frente a ello, no se trata de destruirla, sino que deliberar con ella, pero también con otras.
Por tanto, la crisis de hoy, ¡al fin!, es una crisis de una institucionalidad ilegítima que se ha cerrado sistemáticamente a auscultar los signos de los tiempos.
noviembre 02, 2011
Sobre la constitucionalidad (o in) del “fin del lucro”
Hace unas semanas hemos sido testigos de la discusión en la Comisión de Educación del Senado sobre un proyecto que prohíbe entregar aportes estatales a entidades que persiguen fines de lucro. La Comisión aprobó en general, por cuatro votos a favor y uno en contra, el proyecto, que luego seguirá el derrotero propio de los proyectos de ley, con discusión en particular y también en sala.
Sobre este punto, representantes del Instituto Libertad han señalado que “el proyecto de ley contra el lucro es inconstitucional y expropiatorio”. Profundizando en esta idea, Rodrigo Delaveau, director del programa Legislativo y Constitucional del Centro de Estudios oficialista señaló que “la Constitución protege la libertad de emprender, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad. Si el legislador afecta este último expropiando, debe indemnizar…. De aprobarse la ley, la viabilidad de éstos es simplemente imposible. Ello atenta sobre el proyecto educativo, que fue construido legítimamente bajo las reglas establecidas en las leyes. El Estado no puede llegar y quitar. Por eso el proyecto es inconstitucional ya que, al vulnerar estos derechos se vuelve expropiatorio. Además, si esto debe contemplar gastos para indemnizar a los propietarios, entonces el proyecto de ley requiere fondos públicos, y por lo tanto es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, siendo dicho proyecto inadmisible y doblemente inconstitucional”.
Tan categóricas declaraciones necesitan ser matizadas para no llevar a malos entendidos.
Lo primero que conviene destacar es la honestidad intelectual de Delaveau. Porque su propuesta bebe de una determinada matriz ideológica y no es otra que una actualización de los postulados liberales del siglo XIX, con un énfasis en el derecho de propiedad y la libre iniciativa económica (antaño libertad de comercio). Y si esto es así, al menos sabemos bien qué se piensa (y no se esconde) en el oficialismo.
Lo segundo, sobre los temas constitucionales. No se trata de llegar y despachar una opinión en pocas líneas, sin embargo, las declaraciones de Delaveau deben ser relativizadas por varias razones.
En primer lugar, el proyecto no elimina la posibilidad que privados ofrezcan educación: éstos pueden continuar ofreciéndola con o sin fines de lucro (en educación básica y media), sólo que quienes deseen lucrar, no pueden recibir fondos públicos.
Por lo mismo, el postulado de Delavau es erróneo, dado que lo que se producirá es un cambio en el estatuto de regulación, por lo tanto no hay expropiación, porque los subsidios estatales no forman parte de la propiedad del sostenedor de un colegio. Son simplemente un aporte en la colaboración de provisión de servicios educativos. En palabras simples, al privado no se le quita nada sino que se condiciona la entrega de fondos públicos a un cambio teleológico: si quiere hacer de la educación una empresa lucrativa, por favor, no le pida dinero al Estado.
En segundo lugar, no es necesario acudir a la expropiación, porque los subsidios no son objeto de titularidad de dominio de parte de los sostenedores. Y para que exista la expropiación, es necesario que el titular sea dueño, hipótesis en la cual no nos encontramos.
Por último, lo que pretende la propuesta del representante de L&D es argumentar normativamente una opción política determinada. La libertad de empresa y el derecho de propiedad no son el sancta sanctorum de los derechos, sino que se trata de derechos de textura abierta y que pueden ser condicionados en su comprensión por contacto con otros derechos fundamentales o con ocasión de políticas estatales destinadas a promover el bien común, por supuesto que en un marco de razonabilidad y proporcionalidad. De ahí que en Chile comience a aparecer alguna literatura que no sólo critica la opción político – social original de la Constitución, sino que a partir de ella, en un esfuerzo interpretativo teleológico y contextual, propone una lectura de esos derechos desde una perspectiva social, con criterios que beben del constitucionalismo contemporáneo, muy propio del desarrollo que tuvo lugar en Europa tras el término de la II Guerra Mundial.
Sobre este punto, representantes del Instituto Libertad han señalado que “el proyecto de ley contra el lucro es inconstitucional y expropiatorio”. Profundizando en esta idea, Rodrigo Delaveau, director del programa Legislativo y Constitucional del Centro de Estudios oficialista señaló que “la Constitución protege la libertad de emprender, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad. Si el legislador afecta este último expropiando, debe indemnizar…. De aprobarse la ley, la viabilidad de éstos es simplemente imposible. Ello atenta sobre el proyecto educativo, que fue construido legítimamente bajo las reglas establecidas en las leyes. El Estado no puede llegar y quitar. Por eso el proyecto es inconstitucional ya que, al vulnerar estos derechos se vuelve expropiatorio. Además, si esto debe contemplar gastos para indemnizar a los propietarios, entonces el proyecto de ley requiere fondos públicos, y por lo tanto es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, siendo dicho proyecto inadmisible y doblemente inconstitucional”.
Tan categóricas declaraciones necesitan ser matizadas para no llevar a malos entendidos.
Lo primero que conviene destacar es la honestidad intelectual de Delaveau. Porque su propuesta bebe de una determinada matriz ideológica y no es otra que una actualización de los postulados liberales del siglo XIX, con un énfasis en el derecho de propiedad y la libre iniciativa económica (antaño libertad de comercio). Y si esto es así, al menos sabemos bien qué se piensa (y no se esconde) en el oficialismo.
Lo segundo, sobre los temas constitucionales. No se trata de llegar y despachar una opinión en pocas líneas, sin embargo, las declaraciones de Delaveau deben ser relativizadas por varias razones.
En primer lugar, el proyecto no elimina la posibilidad que privados ofrezcan educación: éstos pueden continuar ofreciéndola con o sin fines de lucro (en educación básica y media), sólo que quienes deseen lucrar, no pueden recibir fondos públicos.
Por lo mismo, el postulado de Delavau es erróneo, dado que lo que se producirá es un cambio en el estatuto de regulación, por lo tanto no hay expropiación, porque los subsidios estatales no forman parte de la propiedad del sostenedor de un colegio. Son simplemente un aporte en la colaboración de provisión de servicios educativos. En palabras simples, al privado no se le quita nada sino que se condiciona la entrega de fondos públicos a un cambio teleológico: si quiere hacer de la educación una empresa lucrativa, por favor, no le pida dinero al Estado.
En segundo lugar, no es necesario acudir a la expropiación, porque los subsidios no son objeto de titularidad de dominio de parte de los sostenedores. Y para que exista la expropiación, es necesario que el titular sea dueño, hipótesis en la cual no nos encontramos.
Por último, lo que pretende la propuesta del representante de L&D es argumentar normativamente una opción política determinada. La libertad de empresa y el derecho de propiedad no son el sancta sanctorum de los derechos, sino que se trata de derechos de textura abierta y que pueden ser condicionados en su comprensión por contacto con otros derechos fundamentales o con ocasión de políticas estatales destinadas a promover el bien común, por supuesto que en un marco de razonabilidad y proporcionalidad. De ahí que en Chile comience a aparecer alguna literatura que no sólo critica la opción político – social original de la Constitución, sino que a partir de ella, en un esfuerzo interpretativo teleológico y contextual, propone una lectura de esos derechos desde una perspectiva social, con criterios que beben del constitucionalismo contemporáneo, muy propio del desarrollo que tuvo lugar en Europa tras el término de la II Guerra Mundial.
“La Constitución en serio”
Se puiede ver también en:
http://elpost.cl/content/la-constitución-en-serio
La Constitución en serio
En los últimos días el Sr. Ministro de Justicia ha declarado que el Gobierno del Presidente Piñera revisará los fallos emitidos por los jueces de la República en materia de libertad personal y prisión preventiva, a la hora de promover sus nombramientos a cargos judiciales superiores. Adicionalmente señaló el Sr. Ministro de Justicia que también se controlaría la “moralidad pública y privada” de estos jueces. Evidentemente tales afirmaciones son muy curiosas y han llamado la atención de especialistas y de ciudadanos legos, ya que parecieran no ser coherentes con las normas jurídicas básicas que regulan nuestra convivencia, especialmente aquellas relacionadas con la independencia judicial y el respeto de la vida privada de las personas.
En efecto, la Constitución Política de la República establece como uno de los principios capitales de nuestro sistema político la independencia de los jueces, señalando que la facultad de conocer, resolver y hacer ejecutar los asuntos civiles y criminales corresponde exclusivamente a éstos, para luego remarcar que “ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno,..…revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones” (artículo 76). Además agrega en el artículo 19 numeral 4°, dentro de los derechos fundamentales, que “la Constitución asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada”. Estas disposiciones son normas a las que todas las autoridades y personas deberían sentirse obligados, ya que son normas jurídicas vinculantes, como lo establece el artículo 6° de nuestra Constitución. En este sentido, no cabe que ninguna autoridad estatal o persona infrinja tales prohibiciones o conculque tales derechos, y en el caso de hacerlo se expone a recibir las sanciones y responsabilidades que establece la ley.
Ahora bien, las normas jurídicas antes transcritas deberían ser conocidas por todos los chilenos, como lo establece el artículo 8° del Código Civil, por lo que no podría oponerse su ignorancia como justificación de su infracción o desobediencia. Sin embargo, hipotéticamente se podría plantear su desconocimiento, aún por autoridades públicas, poniendo en duda la ficción legal de conocimiento de la ley, pero ello parece improbable en el caso de personas que ostentan el título profesional de abogado y declaran además una especialidad mayor en disciplinas jurídicas vinculadas a esta temática.
Lo expuesto hasta aquí no supone, evidentemente, que el Gobierno no pueda evaluar el comportamiento de los jueces a la hora de promoverlos a puestos de mayor responsabilidad –como lamentablemente establece nuestro sistema jurídico-, pero ello debe hacerlo, a nuestro juicio, con estricta sujeción al ordenamiento jurídico, sin afectar los derechos y prerrogativas otorgadas a éstos dentro de él ni imponer sus criterios- jurídicos o políticos- en la solución de los asuntos sometidos a conocimiento de los tribunales. Lo contrario suena a una presión indebida impropia de un Estado Democrático de Derecho, y planteado como lo hace el Sr. Ministro de Justicia, puede ser interpretado como una amenaza al ejercicio correcto del Poder Jurisdiccional, más aún cuando estas palabras se realizan en el marco de un conflicto jurídico específico.
Por último, nos llama profundamente la atención que al enfrentar un conflicto político importante, conmo lo es el movimiento estudiantil, sean autoridades del Gobierno, precisamente quienes dictaron la Constitución y han defendido sistemáticamente su legitimidad, los que ahora vengan a cuestionarla. Esto nos lleva a preguntarnos ¿habrá que tomarse la Constitución realmente en serio?
Juan Carlos Ferrada Bórquez
Jaime Bassa Mercado
Felipe Gorigoitía Abbott
Christian Viera Álvarez
http://elpost.cl/content/la-constitución-en-serio
La Constitución en serio
En los últimos días el Sr. Ministro de Justicia ha declarado que el Gobierno del Presidente Piñera revisará los fallos emitidos por los jueces de la República en materia de libertad personal y prisión preventiva, a la hora de promover sus nombramientos a cargos judiciales superiores. Adicionalmente señaló el Sr. Ministro de Justicia que también se controlaría la “moralidad pública y privada” de estos jueces. Evidentemente tales afirmaciones son muy curiosas y han llamado la atención de especialistas y de ciudadanos legos, ya que parecieran no ser coherentes con las normas jurídicas básicas que regulan nuestra convivencia, especialmente aquellas relacionadas con la independencia judicial y el respeto de la vida privada de las personas.
En efecto, la Constitución Política de la República establece como uno de los principios capitales de nuestro sistema político la independencia de los jueces, señalando que la facultad de conocer, resolver y hacer ejecutar los asuntos civiles y criminales corresponde exclusivamente a éstos, para luego remarcar que “ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno,..…revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones” (artículo 76). Además agrega en el artículo 19 numeral 4°, dentro de los derechos fundamentales, que “la Constitución asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada”. Estas disposiciones son normas a las que todas las autoridades y personas deberían sentirse obligados, ya que son normas jurídicas vinculantes, como lo establece el artículo 6° de nuestra Constitución. En este sentido, no cabe que ninguna autoridad estatal o persona infrinja tales prohibiciones o conculque tales derechos, y en el caso de hacerlo se expone a recibir las sanciones y responsabilidades que establece la ley.
Ahora bien, las normas jurídicas antes transcritas deberían ser conocidas por todos los chilenos, como lo establece el artículo 8° del Código Civil, por lo que no podría oponerse su ignorancia como justificación de su infracción o desobediencia. Sin embargo, hipotéticamente se podría plantear su desconocimiento, aún por autoridades públicas, poniendo en duda la ficción legal de conocimiento de la ley, pero ello parece improbable en el caso de personas que ostentan el título profesional de abogado y declaran además una especialidad mayor en disciplinas jurídicas vinculadas a esta temática.
Lo expuesto hasta aquí no supone, evidentemente, que el Gobierno no pueda evaluar el comportamiento de los jueces a la hora de promoverlos a puestos de mayor responsabilidad –como lamentablemente establece nuestro sistema jurídico-, pero ello debe hacerlo, a nuestro juicio, con estricta sujeción al ordenamiento jurídico, sin afectar los derechos y prerrogativas otorgadas a éstos dentro de él ni imponer sus criterios- jurídicos o políticos- en la solución de los asuntos sometidos a conocimiento de los tribunales. Lo contrario suena a una presión indebida impropia de un Estado Democrático de Derecho, y planteado como lo hace el Sr. Ministro de Justicia, puede ser interpretado como una amenaza al ejercicio correcto del Poder Jurisdiccional, más aún cuando estas palabras se realizan en el marco de un conflicto jurídico específico.
Por último, nos llama profundamente la atención que al enfrentar un conflicto político importante, conmo lo es el movimiento estudiantil, sean autoridades del Gobierno, precisamente quienes dictaron la Constitución y han defendido sistemáticamente su legitimidad, los que ahora vengan a cuestionarla. Esto nos lleva a preguntarnos ¿habrá que tomarse la Constitución realmente en serio?
Juan Carlos Ferrada Bórquez
Jaime Bassa Mercado
Felipe Gorigoitía Abbott
Christian Viera Álvarez
El alcalde y el Estado de Derecho.
Un par de semanas atrás, en una medida que puede ser razonable, pero también discutible, el alcalde de Providencia, Cristián Labbé, ordenó el término del año escolar en un par de establecimientos educacionales de Providencia, como asimismo deslizó ciertas afirmaciones en torno a la población escolar de otras comunas de la capital que son beneficiarios de la educación de los liceos en conflicto, en el entendido que hacia el futuro, el factor geográfico ha de ser relevante a la hora de decidir la matrícula de forasteros en establecimientos de su comuna.
Sin embargo, lo que es digno de comentario son las razones que el señor alcalde utiliza para justificar su decisión y nada mejor que, para revestir de autoridad sus medidas, acuda a la figura del Estado de Derecho. Señaló que “el que está con la ley está conmigo, los cabros no están con la ley y hay que decirlo con todas sus letras (…) reconozcamos que se ha perdido el estado de derecho” y agregó que “la Municipalidad de Providencia actuó, porque hay una violación al Estado de Derecho… o la paramos o nos van a pillar confesados”.
Tratándose de las opiniones de Cristián Labbé, es necesario hacer un par de precisiones, porque la utilización errónea de las categorías políticas no sólo puede conducir a la confusión de los ciudadanos sino que a naturalizar una institucionalidad que ya no existe, porque fue superada hace 200 años.
Lo anterior, porque de las palabras de Labbé se desprende una suerte de personalización del Estado de Derecho en él, al identificar la correcta interpretación de la ley con la que realiza él mismo (el que está con la ley está conmigo). Y ese postulado, aunque venga de alguien que está legitimado democráticamente es propio de los regímenes de naturaleza autocrática; ¿no nos recuerda acaso el famoso L'État, c'est moi de Luis XIV? Lo que está haciendo el alcalde es vestir con ropajes normativos lo que son sus personales convicciones políticas.
Al mismo tiempo, es necesario agregar que la argumentación del alcalde restringe la concepción del Estado de Derecho al respeto al principio de legalidad o respeto de las leyes. En ello no le falta razón, pero es insuficiente. Porque el Estado de Derecho es legalidad, pero también respeto y promoción de los derechos fundamentales, legitimidad democrática y legalidad de la Administración, elementos todos que son reflejo de una reacción al ejercicio despótico del poder político. Y en el fondo, las movilizaciones de los estudiantes de estos meses no son sino una reacción frente a las insuficiencias de un Estado de Derecho, más formal que material, porque han puesto frente a la ciudadanía las tremendas carencias en la protección de los derechos sociales que existe en nuestro país.
La pregunta es por qué los estudiantes utilizan esos mecanismos, que es evidente que se trata de vías de hecho. Una aproximación en la respuesta podría ser el hecho que no ha habido otra medida para hacer escuchar sus demandas. Y en esta materia, no es responsable Labbé, al que curiosamente los indicadores le favorecen, sino que ha sido la indolencia e indiferencia del Estado y la complicidad de todos nosotros, que hemos sido partícipes de la construcción de un modelo educacional de calidad discutible y que ha favorecido la segregación social, que no se conforma con ser geográfica y de acceso a servicios, sino que en un área que es clave para el desarrollo humano de nuestro país. Y en esta materia existe un desafío enorme que ya es tiempo que se enfrente con seriedad y audacia.
Sin embargo, lo que es digno de comentario son las razones que el señor alcalde utiliza para justificar su decisión y nada mejor que, para revestir de autoridad sus medidas, acuda a la figura del Estado de Derecho. Señaló que “el que está con la ley está conmigo, los cabros no están con la ley y hay que decirlo con todas sus letras (…) reconozcamos que se ha perdido el estado de derecho” y agregó que “la Municipalidad de Providencia actuó, porque hay una violación al Estado de Derecho… o la paramos o nos van a pillar confesados”.
Tratándose de las opiniones de Cristián Labbé, es necesario hacer un par de precisiones, porque la utilización errónea de las categorías políticas no sólo puede conducir a la confusión de los ciudadanos sino que a naturalizar una institucionalidad que ya no existe, porque fue superada hace 200 años.
Lo anterior, porque de las palabras de Labbé se desprende una suerte de personalización del Estado de Derecho en él, al identificar la correcta interpretación de la ley con la que realiza él mismo (el que está con la ley está conmigo). Y ese postulado, aunque venga de alguien que está legitimado democráticamente es propio de los regímenes de naturaleza autocrática; ¿no nos recuerda acaso el famoso L'État, c'est moi de Luis XIV? Lo que está haciendo el alcalde es vestir con ropajes normativos lo que son sus personales convicciones políticas.
Al mismo tiempo, es necesario agregar que la argumentación del alcalde restringe la concepción del Estado de Derecho al respeto al principio de legalidad o respeto de las leyes. En ello no le falta razón, pero es insuficiente. Porque el Estado de Derecho es legalidad, pero también respeto y promoción de los derechos fundamentales, legitimidad democrática y legalidad de la Administración, elementos todos que son reflejo de una reacción al ejercicio despótico del poder político. Y en el fondo, las movilizaciones de los estudiantes de estos meses no son sino una reacción frente a las insuficiencias de un Estado de Derecho, más formal que material, porque han puesto frente a la ciudadanía las tremendas carencias en la protección de los derechos sociales que existe en nuestro país.
La pregunta es por qué los estudiantes utilizan esos mecanismos, que es evidente que se trata de vías de hecho. Una aproximación en la respuesta podría ser el hecho que no ha habido otra medida para hacer escuchar sus demandas. Y en esta materia, no es responsable Labbé, al que curiosamente los indicadores le favorecen, sino que ha sido la indolencia e indiferencia del Estado y la complicidad de todos nosotros, que hemos sido partícipes de la construcción de un modelo educacional de calidad discutible y que ha favorecido la segregación social, que no se conforma con ser geográfica y de acceso a servicios, sino que en un área que es clave para el desarrollo humano de nuestro país. Y en esta materia existe un desafío enorme que ya es tiempo que se enfrente con seriedad y audacia.
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